01/02/2020
La educación en España, según la ley, establece la gratuidad en los centros sostenidos con fondos públicos para las etapas obligatorias. Sin embargo, la realidad en la Comunidad de Madrid, particularmente en los centros concertados, parece contradecir este principio fundamental. Un reciente estudio arroja luz sobre una práctica extendida: el cobro de cuotas mensuales a las familias, generando un desembolso anual considerable que pone en tela de juicio la supuesta gratuidad.
Este informe, elaborado conjuntamente por la Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos (FAPA) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), destapa una situación que afecta a miles de familias madrileñas y reabre el debate sobre el modelo de financiación y gestión de los centros concertados.
La Realidad Económica de los Centros Concertados en Madrid
El estudio es contundente: la totalidad de los colegios concertados analizados en la Comunidad de Madrid cobra una cuota mensual fija a las familias por la educación en las etapas obligatorias. Esto choca directamente con el espíritu y la letra de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), que garantiza la gratuidad de la enseñanza básica en los centros financiados con fondos públicos.
Las cifras son reveladoras. Según el informe, los centros concertados en la región cobran una media de 119 euros al mes por alumno. Esta cifra, además de ser una media, no es estática, ya que se incrementa cada año. La situación es aún más gravosa en una parte significativa de estos colegios: más del 53 % de los centros concertados cobra cuotas mensuales que superan los 150 euros.
Al realizar el cálculo anual, el desembolso para las familias es aún más impactante. La cuota mensual media de 119 euros se traduce en un coste medio por curso que supera los 3.000 euros anuales por alumno. Este coste se suma a otros posibles gastos asociados a la escolarización, como material escolar, uniformes o actividades extraescolares, aunque las cuotas mencionadas en el estudio se refieren específicamente a pagos 'fijos' o 'voluntarios' que, en la práctica, se han normalizado como obligatorios.
Diferencias por Titularidad y Presión a las Familias
El informe también destaca diferencias significativas en las cuantías cobradas en función de la titularidad del centro. Los colegios concertados que pertenecen a sociedades mercantiles ingresan de promedio una cuota que es más del doble que la de aquellos gestionados por congregaciones religiosas. Esto sugiere una posible orientación al lucro en ciertos modelos de gestión dentro de la red concertada, un aspecto que es objeto de fuerte crítica por parte de las asociaciones.
Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio es la presión que ejercen algunos centros sobre las familias para asegurar el pago de estas cuotas. La FAPA denuncia que las familias que se niegan a abonar estas tarifas sufren la exclusión de sus hijos en un porcentaje alarmante: el 31% de los casos reportados en el estudio. Esta práctica va en contra de los principios de equidad e inclusión que deberían regir cualquier sistema educativo financiado, total o parcialmente, con fondos públicos.
Voces Críticas Ante el Modelo
La publicación de estos datos ha generado reacciones contundentes por parte de los representantes de las asociaciones impulsoras del estudio.
Elena Cid, directora general de la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), critica abiertamente el modelo de mercantilización que, a su juicio, impera en parte de la escuela concertada. Señala que son precisamente estos centros «la que más cobra y la que más presión ejerce sobre las familias». Cid lamenta que la sociedad haya «normalizado que los padres tengan que abonar cuotas para el lucro de entidades mercantiles por un servicio básico y subvencionado, como es la educación en colegios sostenidos con fondos públicos».
Por su parte, María Carmen Morillas, presidenta de FAPA, pone el foco en otro aspecto polémico relacionado con la gestión de fondos y recursos públicos: la cesión de suelo público por parte de la Comunidad de Madrid para la construcción de nuevos colegios concertados. Morillas recuerda que la comunidad educativa ha solicitado en numerosas ocasiones la construcción de centros educativos públicos en zonas de nueva expansión, como Valdebebas, donde actualmente no existe ningún centro público de secundaria y el alumnado se ve obligado a desplazarse fuera de su barrio.
«Sorprendentemente, años después, la respuesta de la Consejería ha sido anunciar la cesión de parcelas en Valdebebas y Villa de Vallecas para la construcción de centros privados concertados a coste cero», concluye Morillas, criticando que se destinen recursos públicos escasos (como el suelo) a la expansión de una red que, según el estudio, incumple el principio de gratuidad y ejerce presión económica sobre las familias.
¿Por Qué se Cobran Estas Cuotas?
La justificación para el cobro de estas cuotas en centros concertados a menudo se basa en la prestación de servicios complementarios o actividades extracurriculares que no estarían cubiertos por el concierto educativo. Sin embargo, el estudio y las asociaciones denunciantes argumentan que, en muchos casos, estas cuotas se cobran de manera generalizada, se presentan como obligatorias de facto (a pesar de ser 'voluntarias' legalmente) y su importe supera con creces el coste real de dichos servicios adicionales, sirviendo en la práctica como una matrícula o cuota de enseñanza encubierta.
El concierto educativo establece que la enseñanza básica en estos centros debe ser gratuita, siendo la Administración quien financia los costes de personal docente y otros gastos de funcionamiento. Las cuotas 'voluntarias' o por 'servicios complementarios' no pueden ser condición para el acceso o la permanencia del alumno en el centro, ni pueden tener carácter lucrativo. El estudio sugiere que, en la práctica de muchos centros madrileños, estos principios no se están respetando.
Preguntas Frecuentes Sobre el Coste de los Concertados
¿Es legal que un colegio concertado cobre una cuota mensual en etapas obligatorias?
La Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) establece la gratuidad de la enseñanza básica en los centros sostenidos con fondos públicos, lo que incluye a los concertados. Legalmente, los centros concertados no pueden cobrar por la enseñanza ordinaria en etapas obligatorias. Pueden cobrar por actividades complementarias o servicios escolares no gratuitos (como comedor o transporte), pero estas cuotas deben ser voluntarias, no lucrativas y no pueden condicionar el acceso o la permanencia del alumno. El estudio de FAPA y CICAE denuncia que, en la práctica, en Madrid se cobran cuotas fijas de manera generalizada, contraviniendo este principio.
¿Cuánto cuesta de media un colegio concertado en Madrid según el estudio?
Según el informe de FAPA y CICAE, la cuota mensual media cobrada por los colegios concertados en la Comunidad de Madrid es de 119 euros. Anualmente, esto supone un desembolso medio superior a los 3.000 euros por alumno.
¿Todos los colegios concertados cobran lo mismo?
No. El estudio indica que la media es de 119 euros, pero el 53% de los centros cobra más de 150 euros al mes. También hay diferencias significativas según la titularidad del centro, cobrando más los gestionados por sociedades mercantiles que las congregaciones religiosas.
¿Qué pasa si una familia no paga estas cuotas 'voluntarias'?
Según el estudio, el 31% de las familias que se niegan a pagar estas cuotas fijas sufren la exclusión de sus hijos del centro. Esto, de ser cierto, constituiría una práctica ilegal, ya que el pago de cuotas voluntarias no puede ser un requisito para la escolarización.
¿Por qué las asociaciones critican la cesión de suelo público para concertados?
FAPA, en particular, critica que se destinen parcelas de suelo público, que podrían usarse para construir centros educativos públicos demandados en zonas en crecimiento, a la construcción de centros concertados por parte de entidades privadas, especialmente cuando estos centros luego cobran cuotas elevadas a las familias y, en algunos casos, incurren en prácticas de exclusión.
¿Cubre el concierto educativo todos los gastos del centro?
El concierto educativo cubre los gastos de personal docente y una parte de los gastos de funcionamiento. Sin embargo, ciertos servicios (como comedor, transporte, actividades extraescolares, material escolar) no están cubiertos por el concierto y pueden ser cobrados aparte, siempre bajo los principios de voluntariedad y no lucro. El debate y la denuncia se centran en el cobro de cuotas fijas que no se corresponden con servicios específicos y que actúan como una matrícula encubierta.
Conclusión
El estudio de FAPA y CICAE pone de manifiesto una brecha significativa entre el principio legal de gratuidad de la enseñanza básica en centros concertados y la realidad económica que enfrentan las familias en la Comunidad de Madrid. El cobro generalizado de cuotas mensuales, con un coste anual que supera los 3.000 euros de media, sumado a las denuncias de presión y exclusión a quienes no pagan, plantea serias preguntas sobre la equidad del sistema educativo y el cumplimiento de la normativa por parte de los centros concertados. La polémica se agrava con la decisión de destinar suelo público a la construcción de nuevos centros concertados en lugar de ampliar la red pública, en un contexto de fuerte crítica hacia la mercantilización de la educación concertada.
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