25/03/2025
El 2 de agosto de 2018, la comunidad educativa de Moreno y de toda Argentina se vio sacudida por una tragedia que puso de manifiesto las profundas carencias en la infraestructura escolar. A las 8:06 de la mañana, una violenta explosión de gas en la Escuela Primaria N°49 “Nicolás Avellaneda” le costó la vida a la vicedirectora Sandra Calamano y al auxiliar Rubén Rodríguez. Ambos se encontraban en el establecimiento preparando el desayuno para los estudiantes que ingresarían apenas 25 minutos después, cumpliendo con su labor diaria de sostener la educación pública.
La muerte de Sandra y Rubén no fue un accidente aislado, sino la culminación de una serie de fallas y negligencias que habían sido denunciadas reiteradamente. Este evento trágico, calificado por muchos como un crimen social, evidenció la crítica situación que atraviesan numerosas escuelas públicas, afectadas por años de desinversión y falta de mantenimiento adecuado.
El suceso generó una profunda indignación y movilización en todo el país. La hija de Rubén, Maia Rodríguez, recordó el día de la tragedia, mencionando la dedicación de su padre, quien a pesar de su preocupación, insistió en ir a la escuela para cumplir con su tarea de preparar el desayuno para los chicos. Este simple acto de compromiso diario se convirtió en el escenario de una muerte evitable.
Hoy, años después de aquel fatídico día, comienza un capítulo crucial en la búsqueda de justicia para Sandra y Rubén. En el Tribunal Oral Criminal N°4 de Mercedes, presidido por los jueces Patricia Viviana Guerrieri, Fabián Fernando Brahim y Claudia Esquivel, se inicia el juicio oral para determinar las responsabilidades en esta tragedia.
Los Acusados en el Banquillo
El proceso judicial sienta en el banquillo a cuatro personas directamente relacionadas con el mantenimiento y la supervisión de la infraestructura escolar en aquel momento. El gasista Cristian Ricobene enfrenta cargos graves, imputado por "homicidio culposo agravado en concurso real con defraudación en perjuicio de la administración pública". La acusación sugiere que hubo no solo una negligencia fatal sino también un posible fraude en las tareas de reparación o mantenimiento del sistema de gas.
Junto a Ricobene, también están acusados el interventor del Consejo Escolar, Sebastián Nasif, y los consejeros Mónica Berzoni y Jorge Galian. Estos funcionarios están imputados por "incumplimiento de los deberes de funcionario público". La fiscalía y las partes querellantes buscarán demostrar que sus omisiones y falta de acción ante las repetidas advertencias sobre el estado de la escuela contribuyeron directamente al desenlace fatal.
Las familias de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez participan del juicio como particular damnificado, buscando que se esclarezcan todas las responsabilidades y se haga justicia por la pérdida de sus seres queridos. Su presencia en el tribunal subraya la dimensión humana y el dolor causado por esta tragedia.
Diversas organizaciones sindicales y sociales han calificado la muerte de Sandra y Rubén como un crimen social, argumentando que fue el resultado directo del ajuste, la desidia y el abandono por parte del Estado. Mariana Cattaneo, secretaria de Formación político sindical de Suteba, quien era secretaria General del gremio en Moreno en 2018, expresó que la tragedia fue la "corroboración brutal de que el ajuste, la desidia y el abandono, matan".
Las denuncias sobre el peligro inminente en la Escuela 49 no eran nuevas. Según la información disponible, se habían realizado al menos 8 advertencias previas sobre la existencia de una fuga de gas en la institución. Estas alertas, provenientes de la comunidad educativa y de los propios trabajadores, no recibieron la respuesta adecuada por parte de las autoridades competentes.
El "Carpetazo Educativo" y las Advertencias Ignoradas
Dos meses antes de la explosión, el 31 de mayo de 2018, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que agrupa a Suteba y otros cuatro gremios, había llevado a cabo una manifestación conocida como "Carpetazo Educativo". En esta acción, se entregaron ante la Dirección General de Cultura y Educación carpetas que relevaban deficiencias en diversos aspectos de las escuelas, incluyendo problemas de infraestructura. La Escuela N° 49 de Moreno figuraba específicamente en esos listados por sus deficiencias.
A pesar de estas advertencias formales y públicas, las reparaciones necesarias no se realizaron a tiempo ni con la urgencia que requerían. La falta de respuesta del Estado ante estos reclamos es un punto central en la acusación de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" contra los consejeros escolares.
Responsabilidades Políticas Señaladas
Más allá de los cuatro acusados que enfrentan el juicio oral, tanto las familias de las víctimas como las organizaciones sindicales lamentan que "los responsables políticos" de la tragedia hayan quedado fuera del expediente principal que llega a esta instancia. En este grupo incluyen a figuras de alto nivel de la gestión provincial y nacional de aquel entonces.
Entre los señalados se encuentran el exdirector provincial de consejos escolares Marcelo Di Mario, el exdirector general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires Gabriel Sánchez Zinny, la exgobernadora María Eugenia Vidal y el exministro de Educación de la Nación Alejandro Finocchiaro. La abogada de las familias, Rosa Merlo, afirmó que, a pesar de quiénes están imputados en este juicio, seguirán "yendo por los funcionarios porque ellos fueron los que abandonaron a esta escuela a pesar de los 'Carpetazos Educativos' previos".
La argumentación es que la responsabilidad última recae en quienes tenían el poder de asignar el presupuesto necesario y garantizar las condiciones edilicias seguras en las escuelas. La tragedia, sostienen, fue una consecuencia directa de años de desinversión educativa y de una política que no priorizó la seguridad de estudiantes y trabajadores en los establecimientos.
El Impacto Post-Tragedia y la Lucha Continua
El 2 de agosto de 2018 y los días siguientes fueron de profundo dolor y movilización. La noticia del "crimen social" de Moreno generó un paro provincial de los gremios docentes y medidas de fuerza de gremios estatales. Se multiplicaron las marchas, los "frazadazos" y los reclamos en cada escuela y distrito, visibilizando la realidad de "escuelas rotas", el "riesgo cotidiano" y lo que se denominó "aulas Cromagnon", en referencia a otra tragedia producto de la negligencia.
El retorno a clases en muchas escuelas de Moreno y otros lugares de la provincia se demoró considerablemente. Los arreglos prometidos se hicieron de manera lenta y, en muchos casos, quedaron incompletos. Esta situación contrastó fuertemente con el discurso oficial que solía culpar a los paros docentes por la pérdida de días de clase, demostrando que la verdadera causa de la interrupción de la enseñanza eran los graves problemas estructurales en los edificios escolares.
Los trabajadores de la educación, estudiantes y familias siempre supieron de la precariedad de las escuelas. El estado calamitoso de miles de establecimientos educativos en la provincia no es algo nuevo; se arrastra desde los años noventa y persistió durante distintos gobiernos. Este sistema educativo provincializado, visto como base de la desinversión, fue mantenido incluso con la Ley de Educación Nacional de 2006.
La lucha por condiciones dignas y seguras en las escuelas continúa. A pesar de que se destinan millones al pago de deuda externa, las escuelas públicas siguen deteriorándose. El acuerdo paritario de 2019 con el gobierno provincial incluyó "12 puntos de infraestructura de Escuelas seguras", basados en recomendaciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, pero ninguna de estas medidas se cumplió en su totalidad.
Este año, incluso en el inicio de clases, la falta de condiciones adecuadas, como la ausencia de ventilación o infraestructura para afrontar olas de calor, llevó a la suspensión de clases en centenares de escuelas. Diversas organizaciones y sectores de la comunidad educativa, como la Lista Multicolor en unidad con otras listas, han realizado múltiples acciones exigiendo presupuesto y arreglos inmediatos.
La tragedia de Moreno sigue siendo un símbolo de la lucha por la educación pública. Organizaciones como la Lista Marrón de Moreno continúan movilizándose, exigiendo aumento del presupuesto educativo, control comunitario sobre las obras, construcción de nuevas escuelas y jardines con recursos adecuados, comedores de calidad, equipos de orientación escolar y salarios dignos para los trabajadores.
Otra Tragedia Similar en Neuquén
Lamentablemente, la tragedia de Moreno no fue la última. En 2021, otra explosión en una escuela, esta vez en Neuquén (Escuela Albergue N° 144 de Aguada San Roque), cobró la vida de Nicolás y Mariano, quienes realizaban tareas de mantenimiento, y de la maestra Mónica Jara, quien falleció días después a causa de las heridas. Estos hechos refuerzan la denuncia sobre la persistencia de la falta de inversión y la precariedad en las escuelas del país.
El Desarrollo del Juicio
El juicio por la muerte de Sandra y Rubén se extenderá hasta el 22 de septiembre. Las audiencias se llevarán a cabo todos los lunes, miércoles y viernes. Se espera que el veredicto del Tribunal Oral Criminal N°4 de Mercedes se conozca recién en el mes de octubre. La comunidad educativa y las familias de las víctimas aguardan con expectativa el desenlace de este proceso, con la esperanza de que se haga justicia y se establezcan responsabilidades claras para que una tragedia como esta no vuelva a ocurrir.
La lucha por la seguridad en las escuelas y por una educación pública digna y con la infraestructura necesaria sigue vigente. La memoria de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez es un motor para continuar exigiendo al Estado que cumpla con su responsabilidad de garantizar condiciones seguras para enseñar y aprender.
Preguntas Frecuentes
¿Qué ocurrió en la Escuela 49 de Moreno? El 2 de agosto de 2018, una explosión de gas producto de una fuga causó la muerte de dos trabajadores de la educación: la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez.
¿Quiénes eran Sandra Calamano y Rubén Rodríguez? Sandra Calamano era la vicedirectora y Rubén Rodríguez era el auxiliar de la Escuela Primaria N°49 "Nicolás Avellaneda" de Moreno. Fallecieron mientras preparaban el desayuno para los alumnos.
¿Cuándo comenzó el juicio por la tragedia? El juicio oral comenzó recientemente en el Tribunal Oral Criminal N°4 de Mercedes.
¿Quiénes son los acusados en el juicio? Están acusados el gasista Cristian Ricobene (por "homicidio culposo agravado" y "defraudación") y el interventor del Consejo Escolar Sebastián Nasif junto a los consejeros Mónica Berzoni y Jorge Galian (por "incumplimiento de los deberes de funcionario público").
¿Por qué se califica el hecho como un "crimen social"? Diversas organizaciones y familiares lo consideran un crimen social porque argumentan que fue consecuencia directa de la desidia, la desinversión y el abandono del Estado en materia de infraestructura escolar, a pesar de las reiteradas denuncias previas.
¿Se habían realizado denuncias previas sobre la escuela? Sí, se habían realizado al menos 8 denuncias sobre fugas de gas y la Escuela 49 figuraba en los listados de escuelas con problemas de infraestructura entregados en el "Carpetazo Educativo" meses antes de la tragedia.
¿Quiénes son señalados como responsables políticos aunque no estén en el juicio? Se señala a exfuncionarios provinciales y nacionales como Marcelo Di Mario, Gabriel Sánchez Zinny, María Eugenia Vidal y Alejandro Finocchiaro, argumentando que tuvieron responsabilidad en la falta de inversión y control.
¿Cuándo se espera el veredicto del juicio? Se espera que el veredicto se conozca en el mes de octubre, tras las audiencias que se desarrollarán hasta el 22 de septiembre.
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